La presencia de contaminantes potencialmente mortales en las cuencas hidrográficas del norte y centro de California es la última señal de daño medioambiental que producen las miles de plantaciones ilegales de cannabis, muchas de ellas dirigidas por carteles de drogas que atienden a clientes en otros estados. Las tensiones inherentes entre el cultivo de marihuana y las necesidades del ecosistema existen, como lo hacen en prácticamente todos los tipos de agricultura. Y esas tensiones deben cuantificarse y debatirse abiertamente. Sin embargo la ley federal, que todavía considera al cannabis una sustancia controlada, impide afrontar un problema que amenaza con convertirse en nacional.
Según Associated Press, 9 de cada 10 granjas ilegales de marihuana desmanteladas en California en 2018 contenían rastros de potentes pesticidas potencialmente letales, que están envenenando la vida natural y podrían poner en peligro el suministro de agua para humanos. Se trata de un salto cuantitativo importante respecto a los químicos encontrados en aproximadamente el 75 % de las plantaciones de cultivo ilegal descubiertas en tierras públicas un año antes; y es seis veces más alto que en 2012.
La policía de California descubrió en agosto del año pasado que los narcotraficantes mexicanos están usando un pesticida peligroso prohibido en los Estados Unidos para cultivar marihuana en áreas remotas de las montañas de Sierra Nevada de California. El pesticida, el carbofurano, es tóxico para los humanos y puede causar daños reproductivos permanentes. Se trata de tierras federales, y están siendo sistemáticamente destruidas a través de la tala de árboles, la desviación de arroyos y la utilización de productos químicos y pesticidas.
Los expertos afirman que el carbofurano encontrado es tan peligroso que una cucharadita mataría a un oso adulto. Pero se han detectado rastros de la composición química mortal del carbofurano en arroyos y ríos; y en animales, vivos y muertos, incluidas especies amenazadas como la marta pescadora. La EPA (la Agencia de Protección Medioambiental por sus siglas en inglés) estimó en ese momento que el carbofurano estaba matando de 1 a 2 millones de aves en los Estados Unidos cada año. En 2008, la BBC informó que en Kenia, los pastores usaban carbofurano para matar leones que amenazaban a sus rebaños.
Durante años, el carbofurano, vendido bajo la marca Furadan por FMC Corporation, se roció sobre maíz, algodón, patatas, girasoles y otros cultivos alimentarios. Los reguladores retiraron el carbofurano del mercado estadounidense en 2008 y también está prohibido en la Unión Europea, Canadá y, más recientemente, en Brasil. Pero a pesar de la prohibición, el carbofurano sigue afectando a California: es el pesticida predilecto para los cultivadores ilegales de marihuana. Y California representa más del 90 % del cultivo ilegal de marihuana en los EE. UU.
Los investigadores sospechan que algunos cultivos ilegales ahora se están trasladando a áreas agrícolas donde se mezclan junto con los cultivos de marihuana legal, poniendo en peligro la agricultura en todo su conjunto. Parece ser que, debido a la legalización, la teoría operativa con la que trabajan las autoridades es que es mucho más fácil instalar un invernadero en algún lugar de un valle que tener que montar todo el cultivo en un remoto bosque nacional.
La marihuana que se produce se envía principalmente fuera del estado, ya que no puede pasar los estrictos estándares de California para la hierba legal, debido a que se encuentran rastros de los productos químicos tóxicos. Mientras tanto, los grupos ambientalistas luchan por descontaminar los muchos lugares donde se instalaron los cultivos ilegales que usaban carbofurano. Hasta agosto de 2018, los trabajadores habían limpiado 160 sitios tóxicos, pero 830 más aún esperan la limpieza. Y esos son solo los que se conocen.
El Servicio Forestal de los Estados Unidos estimó que 1.200 millones de galones (4.500 millones de litros) de agua se desvían de los acuíferos a los cultivos ilícitos en los bosques nacionales de California cada año. Los productos químicos tóxicos de las granjas ilegales de marihuana están apareciendo en ríos y arroyos que alimentan el suministro de agua del estado, lo que provoca temores de que las personas puedan estar en riesgo.
Y California no está sola, con narcotraficantes ilegales que se encuentran en 72 bosques nacionales en 21 estados, lo que ya se ha convertido en un problema nacional importante. Además, el estado semi-legal de la marihuana, que sigue estando prohibido por la ley federal, también impide el estudio asociado de cualquier impacto ambiental y obstaculiza la creación de soluciones que consideren el problema desde una perspectiva puramente ambiental.
El uso de pesticidas en el cultivo de cannabis tiene implicaciones para la salud de quienes cultivan, para los consumidores y para el entorno en general. Algunos estados (Connecticut, Maine, Minnesota, New Hampshire, Massachusetts) y el Distrito de Columbia ya han adoptado regulaciones propias que se centran en enfoques menos tóxicos para el cultivo de cannabis medicinal, con cierto ánimo de garantizar prácticas de cultivo que eviten o prohíban el uso de pesticidas. Y precisamente el "limbo" federal brinda una oportunidad importante para que se incentive el desarrollo de una industria basada en prácticas de producción que no dependen de los pesticidas, mediante por ejemplo el cultivo orgánico del cannabis.
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