Acabamos de vivir una nueva oleada de legalización del cannabis en Estados Unidos. El 8 de noviembre se preguntó a los estadounidenses de cinco estados si querían legalizar el uso recreativo del cannabis. California, Massachusetts, Nevada y Maine dijeron que sí. Al mismo tiempo Florida, Arkansas, Montana y Dakota del Norte decidieron en las urnas reglamentar el uso terapéutico de la marihuana. Pero, ¿qué implica esto para cultivadores y consumidores?
El pasado 8 de noviembre los estados de Arizona, Maine, Massachusetts, Nevada y California decidían en las urnas si querían legalizar el cannabis para consumo recreativo. Todos dijeron que sí, a excepción de Arizona, donde se impuso el No por un 52%. Las Vegas (Nevada) podría convertirse ahora en la meca de los amantes del cannabis; y se espera que la entrada del sector cannábico al libre mercado tenga un gran impacto en la escena nacional en el caso de California, la sexta economía más grande del mundo y el estado más poblado del país. Por su parte, en Florida, Arkansas, Montana y Dakota del Norte votaban reglamentar el uso terapéutico de la marihuana y todos ellos fueron favorables a la legalización.
Ya era legal en...
El uso recreativo del cannabis ya era legal en Alaska, el Distrito de Columbia, Colorado, Oregón y Washington desde 2014, donde el uso de cannabis está regulado y sometido a impuestos, de forma parecida al consumo de alcohol. Según un análisis del Marihuana Policy Group, mencionado por CNN, la legalización del uso de la marihuana con fines recreativos en estos estados habría impulsado significativamente la economía. "La industria de la marihuana creó más de 18.000 puestos de trabajo de tiempo completo en 2015 y generó una actividad económica de 2.390 millones de dólares en Colorado", se menciona en el informe.
La legalización del cannabis en Estados Unidos implica que...
El incremento de la regulación de la sustancia prevé potencialmente millones de dólares para las arcas del estado en concepto de impuestos. Así se auguró para el estado de Colorado en 2014 que fue el primero en el mundo que empezó a regular la venta legal de marihuana con fines recreativos. En el primer año se ingresaron 44 millones de dólares en impuestos. Cuando se aprobó la norma, se esperaba que fueran más de 70 millones de dólares. Es por lo tanto de esperar que este crecimiento económico ocurra también en los cuatro estados que han decidido regular el uso recreacional del cannabis. Claro que la llegada de impuestos para un producto que se vendía sin pasar por la caja estatal hasta ahora implicaría la subida del precio de la marihuana o un inevitable abaratamiento del cannabis por parte de los cultivadores para mantener el precio. Respecto a los cultivadores, la regulación implica también que los campos de cultivo tengan que ajustarse ahora a la normativa medioambiental vigente en cada estado. Un nuevo control de los campos y una vigilancia del sistema de cultivo se traduce en importantes multas fruto del incumplimiento de las medidas.
California importa más porque...
Respecto a las votaciones del pasado 8 de noviembre, el sí que cobra más importancia es el de la Proposición 64 aprobada en California. En el caso del estado de las palmeras el sí es más relevante por ser la región más poblada del país con cerca de 40 millones de habitantes. Este volumen, y el hecho de que se trate de la sexta economía mundial, implicará seguramente el nacimiento de un mercado que mueva miles de millones de dólares anualmente. Esta nueva ley supone una expansión de la que hace 20 años legalizó la marihuana para uso medicinal en el estado, y curiosamente ya fue votada hace 6 años, cuando sus ciudadanos dijeron "no". Eso sí, esta aprobación no quiere decir que California vaya a convertirse en un mercado de marihuana sin límites. La iniciativa aprueba la posesión, el transporte y la compra de hasta 28,5 gramos, que tendrá un impuesto del 15%. Además, se podrán cultivar hasta 6 plantas en la casa, con tal de que no estén visibles o al alcance del público.
En California se regulará así...
Con la aprobación de la medida, será legal para adultos mayores de 21 años consumir, plantar y vender marihuana. Esas actividades comerciales quedarán reguladas por las autoridades con un impuesto del 15 por ciento y un cargo adicional de 9,25 dólares por onza. No se podrá, sin embargo, fumar en la calle o en recintos públicos, sujeto a una multa de 100 dólares para los que no respeten la norma. Además, se reducirá la pena por vender la droga de forma ilegal, una reducción de los cuatro años de prisión estatal actual, a seis meses entre rejas en una cárcel del condado. El resultado es una gran noticia para los empresarios que han apostado fuerte por la medida desde el principio. Según AFP, de acuerdo a diversas fuentes, el negocio del cannabis generará 7.600 millones de dólares al año en ventas directas a consumidores hasta 2020. Eso sin contar con otras vías indirectas de ingresos como camisetas o souvenirs. Actualmente, en California la medida sólo permite que la marihuana sea comercializada por empresas con licencia del estado. Y se pone como tope de 1 de enero de 2018 para comenzar la expedición de licencias de venta para los minoristas recreativos, que tendrán que pagar dos nuevos impuestos, uno aplicado al cultivo y otro al comercio del cannabis y los productos derivados.
La cara B del libre mercado cannábico
El cultivo de marihuana lleva tiempo siendo un motor de la economía californiana. Fruto del vacío legal existente hasta ahora, los dinamizadores de esta actividad económica han sido los pequeños productores: profesionales que han cultivado plantas en el anonimato. Una encuesta reciente de la Asociación de Agricultores de California, muestra que de los 750 agricultores que operan en California actualmente, solamente un 31% apoya la nueva propuesta de ley, el 31% se opone y el 38% están indecisos.
Por qué los productores de marihuana se han opuesto a la Proposición 64
- El alto coste económico que supondría para los agricultores adaptar sus cultivos a la normativa ambiental. Una vez aprobada la Proposición 64, los daños causados al medio ambiente mediante el drenaje de los ríos locales para el riego y la contaminación de las aguas locales con pesticidas, serán razones de peso para revocar sus licencias estatales de cultivo.
Las multas por cometer infracciones ecológicas podrían oscilar entre los 20.000 y los 100.000 dólares por granja, una cantidad difícil de asumir para los pequeños granjeros locales y que podría dejarlos fuera de juego. Una medida, que a pesar de las buenas intenciones para con el medio ambiente, podría dar paso al monopolio del sector por parte de las grandes corporaciones (que sí serían capaces de asumir el coste de las penalizaciones), y provocar la extinción de los pequeños productores, hasta ahora el motor de la industria californiana cannábica.
- Otro factor que jugaría en detrimento de los productores locales sería las tasas que estarían obligados a pagar: un impuesto de 9,25 dólares por onza de flores y 2,75 dólares por las hojas de la marihuana. Unas tasas que disminuirían significativamente su margen de ganancia.
Para los cultivadores las consecuencias más relevantes son dos
Veteranos y pequeños cultivadores
Los campos "ilegales" en los que han desarrollado su actividad hasta ahora los pequeños cultivadores van a tener que adaptarse a la normativa medioambiental que marque el estado, con el gasto que esto implica para los dueños de estas granjas que han crecido en la economía sumergida. Tendrán que adaptar las medidas de los campos y los sistema de regado a la ley vigente.
Nuevos y grandes cultivadores
Se abren las puertas para nuevos cultivadores y el volumen de negocio es un atractivo que las grandes corporaciones de semillas no dejarán pasar. Como ocurre en otros sectores, en este caso también los McDonald´s de semillas tendrán el peso económico suficiente para hacerse con grandes extensiones de campo donde cultivar, y para hacer frente a las multas por infringir la normativa medioambiental. Queda entonces por ver ahora qué empresas quieren entrar al mercado, y qué pequeños cultivadores son capaces de mantenerse en el sector que les ha ocupado los últimos años. Esta incógnita se despejará antes de 2021, dado que el estado tiene cinco años para emitir licencias sobre este punto.
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