La guerra contra las drogas está llegando a su fin

Liderando en las urnas de Alaska y Washington D.C., los estadounidenses trazan el camino hacia una política nacional más sensata en relación con las drogas. La ola conservadora de 2014 provocó una corriente progresiva insospechada: en dos estados, junto con la capital del país, los americanos votaron convencidos por la suspensión de la prohibición de la marihuana. En California los resultados fueron todavía más sorprendentes, ya que los votantes aprobaron con gran mayoría una de las reformas legales más amplias en el país, descriminalizando la posesión de drogas duras. Una semana más tarde, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, junto con el departamento de policía de Nueva York anunciaron el fin de las detenciones por posesión de marihuana. Se trata del momento más importante en la política estadounidense en relación con las drogas desde la aprobación en 1933 de la 21ª enmienda que legalizaba el alcohol. La población del país dirige una atenuación en la lucha contra las drogas.

El inspector Bill Bratton de la policía de Nueva York y el alcalde de Blasio anunciaron que la ciudad empezaría a expedir multas (y citaciones judiciales) en vez de arrestar por posesión a ciudadanos cuando llevasen cantidades equivalentes o inferiores a 25 gramos. Spencer Platt/Getty Los resultados de las elecciones de noviembre han situado la prohibición de la marihuana como tema importante de la campaña de 2016. A pesar del esfuerzo de impugnación por parte de los republicanos de la cámara de representantes para mantener la prohibición de la marihuana en Washington D.C., el impulso del movimiento a favor de su legalización está abriendo paso a un enfoque más racional y humano a la hora de juzgar a los consumidores de drogas duras, tanto a nivel estatal como federal. «Queda abierta la puerta para reconsiderar toda nuestra legislación en relación a las drogas», afirma Alison Holcomb, que lideró el movimiento a favor de la legalización de la marihuana en 2012 y que ha sido designada para dirigir la nueva campaña de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra la encarcelación en masa. A nivel federal, el Departamento de Justicia sigue llevando a cabo lo que Ethan Nadelmann, director de la Drug Policy Alliance, denomina «un forma de liderazgo discreta» en los intentos de reformas a nivel estatal», proporcionado una visión territorial amplia de las leyes de regulación y tributación de la marihuana e incluso afirmando que los gobiernos tribales nativos americanos también pueden experimentar con la legislación relativa a la marihuana, abriendo camino a la venta comercial de marihuana en reservas de, probablemente, docenas de estados. El congreso, con la misma legislación que pretendía impedir la legalización en D.C., estableció medidas protectoras históricas frente a la criminalización de operaciones con marihuana de tipo medicinal, legales en el estado. Y en noviembre, en la firma de una reforma para la sucesión del fiscal general, Eric Holder, la administración de Obama suavizó las condenas de prisión para casos de delitos de drogas a nivel federal. Esta reforma aparentemente modesta, marca un cambio notable tras tres décadas de dura aplicación de la legislación federal. Por primera vez desde que Ronald Reagan ejerciera como presidente, la cantidad de presos federales está disminuyendo. «Estamos presenciando un cambio histórico», afirmó Holder en un discurso el otoño pasado, «en referencia al concepto que nuestra nación tiene de estas cuestiones.» El rumbo de la atenuación de la lucha contra las drogas dirigida por la población es más claro en California, donde hace cuatro años, de manera irónica, el peor momento para el movimiento a favor de la legalización de la marihuana contribuyó a allanar el camino a uno de los hechos que mayor cambio ha supuesto para el movimiento que pretende aplacar la lucha contra las drogas, el mes de noviembre pasado. Echando la vista atrás, en el 2010 los activistas de California sacaron adelante una iniciativa de referéndum para legalizar el consumo recreativo de la marihuana. En ese momento, Holder advirtió que el Departamento de Justicia se aseguraría de que la prohibición de la marihuana a nivel federal se cumpliera en California. Ansioso por prevenir una crisis constitucional que llevara a la legalización completa de la marihuana, el entonces gobernador, Arnold Schwarzenegger redactó en octubre de 2010 una ley moderada que descriminalizaba el consumo de marihuana. La estrategia de apertura del gobernador funcionó. La descriminalización ayudó a frenar la campaña de legalización, que fracasó en las urnas. Pero al haber incitado a la asamblea legislativa a actuar, los activistas a favor de la marihuana consiguieron indirectamente una gran victoria a favor de la justicia penal y racial. La posesión de hasta 28 gramos de marihuana se convirtió en una infracción, como una multa de aparcamiento, de un importe máximo de 100 dólares. La ley afectaba por igual a cualquier consumidor de cualquier edad, y no solo a mayores de 21 años. El efecto de este cambio ha sido considerable: al eliminar del sistema penal los delitos juveniles menores de posesión de marihuana, los delitos cometidos por adolescentes han caído un 30% en California, alcanzando cifras que no se habían repetido desde la administración de Eisenhower. Además, la descriminalización no ha conducido a ninguno de los problemas que presagiaron los prohibicionistas. Más bien al contrario: desde que se aprobó la ley en 2010, la tasa de abandono escolar y sobredosis juvenil han disminuido un 20%, según un nuevo estudio publicado por el Centro de Justicia Juvenil y Penal. Por otro lado, los arrestos de jóvenes sin conexión con la marihuana en California, también han descendido un 23%, desacreditando por completo la teoría de iniciación. El informe determina que la descriminalización de la marihuana ha reducido los estragos de la prohibición para miles de jóvenes californianos. Los autores afirman que «un número menor de jóvenes sufren daños y problemas relacionados con arrestos, acusaciones, encarcelamientos, multas, pérdidas de ayuda federal y otras penas.» Pero quizás lo más importante sea que los policías de California tienen menos pretextos para usar fuerza excesiva contra los ciudadanos.

Presos en una de las cárceles más abarrotadas de California, que han incitado a reformar la legislación penal en relación con la droga. Kevork Djansezian/Getty En base al éxito de la descriminalización y al desencanto social frente al sistema de prisiones, abarrotadas y terriblemente caras, los votantes de California incentivaron un cambio todavía mayor en noviembre con la propuesta 47, que reducía la posesión de drogas duras como la cocaína, la heroína o la metanfetamina de un delito grave a un delito menor. La propuesta 47 también descriminalizaba el robo no violento de menos de 950 dólares. En un año con el récord de participación más bajo, la propuesta 47 se aprobó con un 59% de apoyo, gracias en parte al respaldo de algunos republicanos reconocidos, como Rand Paul y Newt Gringrich. Se calcula que la nueva ley afectará 24.000 condenas por drogas al año. Y la reducción de los tipos de condena conllevará un ahorro que el estado estima «en algunos centenares de millones de dólares al año». Con una iniciativa innovadora, la propuesta 47 prevé esos ahorros y reservas para programas sociales. «Esta es la primera iniciativa de los electores que reduce parte del presupuesto de las prisiones y lo dedica a la prevención y al tratamiento», explica Lenore Anderson, directora ejecutiva de Californians for Safety and Justice, que encabezó la campaña a favor de la propuesta 47. La nueva ley también prevé que los presos actuales puedan solicitar una reducción de condena de forma retroactiva. En el caso de algunas personas condenadas por las leyes de California para delincuentes reincidentes en dos ocasiones, puede significar un cambio de cadena perpetua a la libertad. Además, hay 1 millón de californianos que podrán solicitar la supresión de sus antecedentes, eliminando lo que Anderson denomina la «D escarlata» de su frente y ayudándoles a integrarse completamente en la sociedad con menos obstáculos para obtener un empleo, encontrar un hogar o beneficiarse de las ayudas públicas. «No solo se trata de frenar la detención en masa», dice Anderson. «También vamos a sanear su herencia.» Mientras California avanza drásticamente, el gobierno federal sigue unos pasos más moderados para contener una tendencia que ha elevado el número de reclusos encarcelados por delitos relacionados con la droga en más de un 2000% desde 1980. En 2013, 100.026 reclusos (aproximadamente la población de Boulder, Colorado) se pudrían en las cárceles federales por delitos de droga. La cifra representaba la mitad de los presos de las prisiones federales. Según la ley federal, las sentencias se establecen siguiendo una fórmula compleja por la cual el tráfico de cierta cantidad de droga se sanciona con uno de los 38 niveles de gravedad. Con las reformas legislativas que entraron en vigor en noviembre, el Departamento de Justicia de Holder ha rebajado las sentencias dos niveles. Por ejemplo, una persona condenada por el tráfico de cinco gramos de metanfetamina, recibiría una condena de nivel 24 en vez de nivel 26 (un máximo de 63 meses frente a los 78 meses anteriores), reduciendo en más de un año la condena. El Departamento de Justicia también establece esta tipificación de condenas de forma retroactiva. Desde principios de noviembre de 2015, más 46.000 presos federales pueden apelar para reducir su condena en prisión con una media de reducción de dos años. Se espera que la propuesta ahorre a los contribuyentes más de 2.000 millones de dólares. Las condenas federales por delitos relacionados con las drogas siguen siendo draconianas: poner a una persona entre rejas durante cinco años por un delito de posesión de cinco gramos de estupefacientes no constituye una política racional. Pero las reformas de Holder pueden significar que la guerra contra las drogas ha alcanzado su tope. Por primera vez en 34 años, el número de presos federales está disminuyendo. El año pasado, el descenso fue de 4.800. Para 2016, la caída prevista es de 12.200, el equivalente a la capacidad completa de más de seis prisiones federales. Holder, que abandonará su cargo cuando se confirme su sucesor, lo considera un problema de herencia. «Nuestro sistema ha perpetuado durante demasiado tiempo un ciclo destructivo de pobreza, criminalidad y encarcelamiento que ha atrapado a muchísima gente y ha debilitado comunidades enteras, especialmente comunidades afroamericanas», dijo en septiembre en un discurso sobre los perjuicios derivados de la guerra contra las drogas. «Estamos trabajando en un cambio de paradigma». De hecho, el gobierno federal se está adentrando en una situación política creada por los votantes en las últimas elecciones de noviembre. Quienes encabezan la reforma relativa a las drogas han sido recelosos a la hora de introducir iniciativas a favor de la marihuana en las elecciones presidenciales de mitad de mandato, con miedo a que los votantes jóvenes partidarios de la marihuana se quedaran en casa, cosa que habría supuesto un difícil revés para el movimiento en contra de la lucha antidroga. «El electorado de las presidenciales en 2014 representaba un grueso de votantes antiprogresistas y conservadores», afirma Holcomb, de la ACLU. Los votantes menores de 30 años formaban solo el 12% del electorado nacional, mientras que los votantes mayores de 60, que conforman el sector demográfico que se más se opone a la legalización, constituían un enorme porcentaje: el 37%. Sin embargo, todas las medidas de legalización se aprobaron fácilmente. En el estado tradicionalmente republicano de Alaska, el 53% apoyó la legalización de la marihuana. En Oregón, el porcentaje alcanzó el 56%, 35.000 votos más que de los que cualquier cargo público elegido ha obtenido a nivel estatal. En Washington D.C, la legalización obtuvo el 65% de los votos y se aprobó en 142 de las 143 circunscripciones.

Shane Mckee, cofundador del dispensario Shango Premium Cannabis, extrae una muestra de marihuana de uso terapéutico de su muestrario de flores de cannabis en Portland, Oregón. Don Ryan/Corbis En relación con las substancias y su venta, la propuesta de legalización en Alaska, la medida 2, era muy similar a la de Colorado y pretendía «regular la marihuana igual que el alcohol». Los promotores de la campaña utilizaron el mensaje de que la marihuana era más segura, ya que el alcoholismo es una gran amenaza en la sociedad de Alaska, especialmente entre las poblaciones indígenas del estado. La medida 2 se enfrentó a la oposición de políticos poderosos, como el antiguo senador y gobernador republicano Frank Murkowski. Pero la campaña por el «no» se desmoronó cuando un portavoz admitió en un debate que, efectivamente, la marihuana era menos dañina que las bebidas alcohólicas, algo que los partidarios del «sí» utilizaron, cubriendo con pegatinas con el lema «Los opositores están de acuerdo» los carteles que afirmaban que el cannabis era menos dañino que el vino, la cerveza o el whisky. Desde mediados de febrero, en Alaska pasa a ser legal para cualquier persona mayor de 21 años disponer, transportar o regalar hasta 28,35 gramos de marihuana. La medida 2 amplía la autoridad supervisora de la Alcoholic Beverage Control Board (Junta de Control de Bebidas Alcohólicas) a la regulación de la marihuana, desde lo relacionado con sus semillas, hasta la venta en las tiendas. Pero la ley otorga a las autoridades un amplio plazo de elaboración de las licencias para las tiendas de marihuana, por lo que las ventas comerciales no están previstas hasta mediados de 2016. En Alaska, la marihuana se gravará a 50 dólares los 28,35 gramos a nivel de ventas al por mayor, algo que engrosará los fondos del estado. Para cuando el mercado madure, se espera que Alaska recaude unos 24 millones de dólares al año en ingresos de la marihuana. Mientras tanto, en Oregón, la regulación y tributación se centraron encarecidamente en el aspecto judicial y penal. Los partidarios destacaron no solo el derroche de recursos judiciales para el arresto y la citación de 12.000 personas al año por delitos relacionados con la marihuana (una cada 39 minutos), sino también la desigualdad racial que conllevaba, en un estado en el que las personas de raza afroamericana constituyen menos de un cuarto de la población y, sin embargo, tienen el doble de posibilidades de ser detenidas por delitos relacionados con la marihuana.

«Existen muy buenos argumentos a favor de la legalización [de la marihuana]», afirma Burnett. «Pero el argumento de que la aplicación de la ley es racialmente parcial es innegable.»

La nueva ley de Oregón tiene un alcance mucho mayor que las de otros estados, y Nadelmann la ha elogiado etiquetándola como «el nuevo estándar de oro». Desde principios de Julio, los habitantes de Oregón podrán poseer legalmente ni más ni menos que hasta 226 gramos de marihuana. Los habitantes de Oregón podrán cultivarla en sus hogares; las ventas comerciales las controlará la misma agencia estatal que controla la venta de licores y se espera que los locales de venta empiecen a abrir en 2016. En forma de propuesta para las comunidades más conservadoras del este de Oregón, la medida también ha legalizado el cultivo comercial de las plantas de marihuana. Con el objetivo de competir con el mercado negro solo con los precios, los impuestos en Oregón serán considerablemente más bajos que en toda la zona del río Columbia, en Washington. El estado aplica un impuesto del 25% por triplicado (una por la venta al por mayor, otra por la distribución y otra por la venta al detalle). Oregón aplicará un impuesto único a los productores de 35 dólares por cada 28,35 gramos. El 40% de los nuevos ingresos derivados de la marihuana se destinará a escuelas, el 25% a la prevención del consumo excesivo y a tratamientos y el 35% restante a la aplicación de la ley a nivel local, del condado y estatal. Los municipios podrán realizar una votación para prohibir el comercio de marihuana, pero si lo hacen perderán esta nueva fuente de ingresos. Se espera que la medida recaude cerca de 40 millones de dólares al año. En Washington D.C., la campaña se presentó con un enfoque sorprendentemente distinto. Por ley, no se podía utilizar el proceso de la iniciativa para crear un nuevo régimen de impuestos. Sin nuevos ingresos que utilizar para la campaña, los defensores de la legalización en la capital se centraron en las desigualdades raciales que presenta la aplicación de la ley relativa a la marihuana, con el eslogan «Con la legalización, acaba la discriminación». Un informe de la ACLU de 2013 demostraba que Washington D.C. iba segunda por detrás de Iowa en la desigualdad racial en la aplicación de la ley sobre la marihuana. Era ocho veces más probable que detuvieran a un afroamericano por delitos relacionados con la marihuana que a un blanco. Y todo esto en una ciudad en la que los afroamericanos constituyen la mitad de la población. En marzo de 2014, el consejo de la ciudad de Washington D.C. respondió aprobando una ley de descriminalización de la marihuana de gran alcance, en la que se establecía el pago de una multa de 25 dólares en los casos de posesión de 28,35 gramos. Pero pronto quedó claro que, incluso así, la discriminación racial persistía y los afroamericanos seguían correspondiendo a dos tercios de las personas que citadas.

Marihuana de uso terapéutico dispensada en el Takoma Wellness Center en Takoma Park, D.C., el 10 de octubre de 2014. Evelyn Hockstein/Washington Post/Getty «Existen muchos argumentos a favor de la legalización [de la marihuana]», afirma Burnett, uno de los organizadores principales de la campaña de legalización en Washington D.C. «Se puede discutir sobre si es menos dañina que el alcohol o si su regulación ayudará a alejarla del alcance de los niños. Pero, ¿qué hay del argumento de la aplicación parcial de la ley según la raza? ¡Eso es innegable!». De forma muy irónica, la mayor resistencia frente a la legalización se concentraba en los sectores afroamericanos de la comunidad, donde algunos elementos conservadores, en especial la Iglesia, tenían cierto recelo respecto a la aprobación del consumo de marihuana. Pero los partidarios de la legalización, trabajando con líderes religiosos afroamericanos y grupos comunitarios, dieron un giro al apoyo de dicha comunidad, que pasó de tan solo un 33% en las primeras encuestas a un 63% en las urnas. En las elecciones, el argumento de la discriminación racial en el sistema penal se hizo paso entre las barreras raciales. «Al preguntar a afroamericanos y blancos por qué apoyaban la iniciativa, la mayoría afirmaban que el argumento judicial y racial era el motivo principal por el que estaban a favor», afirma Nadelmann. En diciembre, los republicanos de la cámara de representantes intentaron impedir la legalización en D.C. mediante procesos presupuestarios, negando financiación al distrito federal para «promulgar» la legislación relativa a la marihuana, oponiéndose a la legislación federal. Pero las fuerzas en contra de la prohibición creen que este lenguaje legislativo sigue dejando camino para seguir adelante con la legalización, que sostienen que fue aprobada por los electores. El proyecto de ley de gastos «no impide que Washington D.C. 'ejecute' políticas aprobadas en relación con la marihuana», dijo Eleanor Holmes Norton, congresista de Washington D.C. Actualmente, los legisladores del distrito no pueden establecer nuevas leyes para gravar y regular la venta de la marihuana, como habían pretendido. Pero en los próximos meses podría llegar a ser legal pasearse por la calle con 56,70 gramos de marihuana en el bolsillo o cultivar hasta seis plantas en un piso situado a un tiro de piedra del representante de la oficina de control de drogas. La reforma del sistema judicial y penal dirigida por los ciudadanos ya empieza a tener efecto más allá de los estados en los que lo decidieron en las urnas los electores. El modelo de descriminalización de California está calando en la zona oeste, incluso en enclaves tradicionalmente conservadores. En los días posteriores a las elecciones de noviembre, Utah desveló una propuesta para modificar la tipificación de delitos de posesión de drogas y catalogarlos como delitos menores, además de juzgar a los traficantes de poca monta, especialmente a aquellos que venden droga para poder cubrir los gastos su adicción, por delitos menos graves. «De ningún modo nos estamos ablandando frente a la criminalidad», explica el representante del estado Eric Hutchings, miembro republicano del comité judicial que recomendó la reforma. «Lo que hacemos es ser más inteligentes respecto a ella.» En Nueva York, el alcalde de Blasio ha cumplido finalmente su compromiso de dejar de arrestar a ciudadanos por cargos de posesión de marihuana. De Blasio, ridiculizado por las estadísticas que demuestran que las detenciones han aumentado durante su mandato, anunció en noviembre que la posesión de marihuana se sancionaría con una citación judicial y una multa de 100 dólares. Esto supone una mejora drástica en una ciudad en la que 28.000 personas fueron arrestadas el año pasado por posesión de marihuana (el 86% de ellas afroamericanas o hispanas), algo que supuso un derroche de casi 75 millones de dólares de los fondos de los contribuyentes en juicios. Pero quienes encabezan la reforma relativa a las drogas advierten que el sistema neoyorkino no está subsanado en absoluto. A diferencia de una infracción relativa a la prohibición del consumo de alcohol en ciertos espacios, una multa por posesión de droga no se puede solucionar pagándola por correo. La violación de la ley conlleva la obligación de comparecer ante un tribunal y, tradicionalmente, alrededor de un 25% de la población no comparece en la fecha de la citación, algo que deriva en una orden de detención de dicha persona. Y lo que es peor, la policía no puede recopilar información racial al emitir citaciones, cosa que hace más difícil el control de posibles desigualdades. «La reforma de Blasio sigue teniendo un lado engañoso y traicionero», dice Nadelmann. Para los opositores de la lucha contra las drogas, las perspectivas para 2016 son buenas. Holcomb, de la ACLU, afirma que cualquier análisis racional de los experimentos realizados en Washington y Colorado llevan a una sola conclusión: «La sociedad no se ha ido al traste.» En Colorado, la legalización de la marihuana ha recaudado casi 19 millones de dólares en ingresos fiscales, además de otros cambios perceptibles. El profesor de Harvard Jeffrey Miron, director de estudios económicos del Cato Institute, publicó en octubre un estudio que revelaba que no se había materializado ninguno de los problemas derivados de la legalización que los opositores habían afirmado que acarrearía. En Colorado, incluso el consumo de marihuana en sí mismo prácticamente no se ha visto modificado. Suponiendo que la introducción al mercado del cannabis comercial sea similar en cualquier otro estado, en 2016, con un electorado más progresivo, se podría dar una ola de legalizaciones. El Marijuana Policy Project tiene como objetivo realizar referéndums en cinco estados: California, Maine, Massachusetts, Arizona y Nevada. Nadelmann, cuya organización Drug Policy Alliance proporciona financiación y apoyo legal a las iniciativas de los estados, insinúa que incluso podría caer Missouri. «A los activistas les digo que me demuestren que hay un 55% a favor y un grueso considerable de personas que defienden fervientemente la causa», dice. «En ese caso, consideraré cualquier estado». El mayor esfuerzo en 2016 será avanzar para alcanzar el estatus de California, donde la legalización total de la marihuana parece probable. Los líderes estatales de nueva generación empiezan a apoyar la causa. El gobernador y comandante Gavin Newsom ha aparecido para afirmar con convicción: «Ha llegado el momento de la legalización. Es el momento de aplicar los impuestos y regular el consumo para adultos de marihuana en California», ha dicho, en lo que implica un paso adelante hacia el fin de la lucha contra las drogas, a la que describe como «una guerra contra los afroamericanos y contra los pobres». Incluso la fiscal general del estado, Kamala Harris, admitió en noviembre que no se opone a la legalización de la marihuana y que la considera "inevitable".

Kamala Harris Jason Merritt/Getty Los defensores de la marihuana creen que un resultado favorable a la legalización en California obligaría a considerar la promulgación de una ley relativa a la marihuana a nivel nacional y supondría un punto de inflexión cultural, similar al que se experimentó en relación con la aceptación del matrimonio homosexual. «El inicio de 2016 será un momento decisivo para California», dice Holcomb. «No creo que el congreso pueda seguir ignorando el asunto». En el proyecto de ley de gastos de diciembre, el congreso tomó la decisión histórica de impedir que el Departamento de Justicia iniciara acciones judiciales a nivel estatal contra operaciones de marihuana de uso terapéutico. La aplicación de medidas de protección similares se podría aplicar en el comercio de marihuana en estados donde es legal. Legalizar la marihuana en la costa oeste, desde Calexico hasta la isla Kodiak daría paso a gobiernos en estados sin iniciativas de referéndum (lugares como Rhode Island y Hawái) a emprender iniciativas de legalización mediante procesos legislativos ordinarios. California sigue siendo un reto, en parte porque el estatus actual casi legal de la marihuana conlleva que para algunos consumidores la cuestión no sea de extrema urgencia, además de que los mayores negocios de marihuana de uso terapéutico del estado podrían oponerse a reformas que conllevaran la entrada en el mercado de empresas competidoras. Para los activistas empedernidos, el mayor peligro es que la sensación de inevitabilidad (el 75% de los estadounidenses cree que la marihuana se legalizará a nivel nacional) puede traducirse en una complacencia excesiva. «Uno de mis mayores retos es vigilar el exceso de confianza», dice Nadelmann. «La legalización todavía no es un hecho.» Los demócratas deberían conseguir que el mayor número de estados posible se enganchara al tren de la legalización. Este pasado mes de noviembre, la marihuana sirvió a los candidatos demócratas para ascender: en Oregón, los electores partidarios de la legalización fueron tres a uno a favor del senador democrático actual, Jeff Merkley, que ganó a su contrincante republicano, un carismático neurocirujano infantil, con un amplio 56%de los votos. Merkley fue el primer senador en votar a favor de la legalización de la marihuana, explicando a los periodistas que su decisión se basaba en una reforma judicial: «Derrochamos mucho dinero en nuestro sistema penal con fines desacertados», dice. En Alaska, la iniciativa de legalización de la marihuana le dio al senador demócrata Mark Begich una posibilidad de ganar en un estado que, de lo contrario, habría sido un hoyo republicano. Los votos de aquellos a favor de la marihuana se decantaron por Begich. Los resultados fueron 71 a 29. Begich no resultó ganador, pero mantuvo un margen lo suficientemente pequeño como para esperar el recuento de los últimos votos durante los 13 días posteriores a las elecciones antes de pronunciar su discurso admitiendo la derrota. En Alaska el candidato opuso mucha más resistencia de la que opusieron otros candidatos demócratas al Senado en lugares como Carolina del Norte. Si la legalización de la marihuana hubiera estado encima de la mesa en las elecciones de Carolina del Norte de 2014, la senadora estadounidense Kay Hagan seguiría en el cargo. La legalización de la marihuana podría resultar ser mucho más complicada en la fase presidencial en 2016, cuando, según Holcomb, la pregunta será: « ¿Los demócratas tratarán el tema con tanto vigor como lo hizo Rand Paul?» Entre los posibles candidatos para el 2016 de ambos partidos, el senador por Kentucky es el más progresista en relación con la marihuana. Ha financiado la legislación para legalizar por completo la marihuana de uso terapéutico en estados que la han adoptado. En las últimas elecciones, Paul defendió el derecho de los electores de Washington D.C. a tomar ellos mismos una decisión sobre la legalización. Paul también ha sido defensor de la descriminalización, condenando la práctica de multar a menores por el consumo de cannabis. «No quiero animar a la gente a consumir», ha dicho. «Incluso creo que consumir marihuana es malo. Pero tampoco quiero encerrar bajo llave a las personas que cometen un error.» Si Paul tuviera que enfrentarse cara a cara con Hillary Clinton, la marihuana podría constituir un tema polémico para los republicanos, especialmente en estados con una inclinación liberal como Arizona y Nevada, donde se esperan iniciativas a favor de la legalización. Eso se debe al hecho de que Clinton ha mantenido su posición a favor de la lucha contra las drogas al estilo de los años 90, demostrando recientemente su inquietud en relación con los peligros que conlleva la marihuana en forma comestible para los menores en Colorado. Llegó incluso a declarar que «los federales deberían prestar atención a la marihuana, que sigue usándose como una droga de iniciación.» Esta lógica política no tiene ningún secreto. Mientras que los votantes masculinos independientes (aquellos más abiertos a la candidatura de Paul) se posicionan en el bando de la legalización con convicción (en Oregón, esta fracción del electorado votó en un 65% a favor de la legalización), las mujeres, que es la fracción que atrae Clinton, suelen ser más dubitativas. Una encuesta de la CBS de 2014 demuestra que el apoyo mayoritario a la legalización a nivel nacional presentaba una brecha de género, con solo un 46% de las mujeres a favor de la legalización de la marihuana. Tom Angell, portavoz del grupo de apoyo Marijuana Majority afirma que, independientemente del resultado final de las presidenciales, las iniciativas de legalización en los estados decisivos harán imposible que los candidatos ignoren o se tomen el asunto de la marihuana a broma, como han hecho en el pasado. Afirma que «El camino hacia la Casa Blanca pasa por la legalización de la marihuana». A través de : www.rollingstone.com